El abogado y defensor legal de los presos políticos hondureños, Benedicto Santos. |
Honduras: 2500
detenciones durante protestas que son enjuiciadas en el Batallón del Ejército
POR DICK &
MIRIAM EMANUELSSON
TEGUCIGALPA /
2018-02-02 / Las fuerzas militares y policiales hondureñas son acusadas por los
organismos de DDHH de haber matado por lo menos 26 hondureños en protestas desde
el 29 de noviembre 2017. Pero los hondureños que son enviados a los tribunales
son enjuiciados, contradictoriamente, en los Batallones del Ejército. Otros son
enviados a la cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara,
ocho horas en bus e internados con asesinos y delincuentes de alta
peligrosidad.
Este oscuro panorama nos da el abogado Benedicto Santos,
defensor legal de los casos más emblemáticos de los 2500 hondureños que han
sido detenidos por las fuerzas militares desde que comenzaron las protestas en
lo que la oposición política hondureña considera “un monumental fraude
electoral”.
“En total son 2500 detenciones y las tenemos
clasificadas. Unos han sido liberados en la misma posta policial. Tenemos
detenciones que han sido judicializadas y que en los juicios se ha logrado el
sobreseimiento. Tenemos detenciones de casos que han sido judicializados pero
con medidas y tenemos 25 detenciones que son emblemáticas; son
judicializadas y enviadas a la cárcel de máxima seguridad en el municipio de
Ilama (150 kilómetros de la frontera con Guatemala y ocho horas de bus de la
capital hondureña) en el departamento de Santa Bárbara. Ellos son presos
políticos”, dice el abogado Benedicto Santos.
Video, 43
minutos: Entrevista con el abogado Benedicto Santos
Hoja de Vida
“limpia”
En total son 100 personas judicializadas en el país, dice
cuando lo entrevistamos al frente de la sede del Colegio de Abogados en
Honduras, un colegio, según Santos, que junto con el Colegio de Periodistas son
los más corruptos y cómplices con la política de impunidad del gobierno
nacionalista bajo la batuta del presidente Juan Orlando Hernández.
“Vemos una cantidad exagerada de presos y un tema muy
puntual es que no van a encontrar una hoja de antecedentes ´dañada´, es decir
que son [los presos] ´limpios´. Sin embargo el régimen está buscando apartar la
cuestión política y vincularlos con otros tipos de delitos que son del orden
común. Por ejemplo, a la mayoría de los que detienen les pone una bomba
molotov, o les pone una pistola y les acusa por portación ilegal de armas, o
les señala otros delitos que sean distintos totalmente de lo que dio origen a
esta lucha que es la protesta”.
Protesta política
se vuelve “acción terrorista”
“El régimen sale diciendo que no hay presos políticos en
Honduras, los que hay son detenidos que cometieron un acto delincuencial, es
totalmente inequívoco. Ayer, siete compañeros y un regidor en el municipio de
Villanueva, departamento Cortés (en la costa del norte/Caribe), se acusaban a
esas personas de cinco delitos; daños, incendio (de una posta policial)
agravado, terrorismo, u otros casos delictivos, para justificar que ellos no
son presos políticos sino presos comunes. Uno de estos siete fue postulado a la
alcaldía en Villanueva por el partido socialdemócrata Pinu y los siete fueron
liberados, agrega Santos.
¡“Es un régimen 100 % mentiroso”! resume el abogado.
Durante el año pasado el Congreso Nacional, bajo la
influencia del partido gobernante, introdujo una Ley Antiterrorista en la cual
una persona que coloca una llanta en la carretera es considerada terrorista y
en los casos que sea enjuiciada puede ser sentenciada a cárcel entre 4-12 años.
Presos políticos
con “mareros y pandilleros”
El abogado Santos dice que el gobierno construye cárceles
pero no hospitales. En las afueras de Tegucigalpa, la capital de Honduras, se
encuentra otra cárcel de máxima seguridad. Ahí han sido trasladados y ubicados
“mareros” y pandilleros, catalogados en muchos casos como asesinos y
psicópatas, acusados y sentenciados a decenas de años de cárcel por homicidio
en serie. Según el régimen carcelario, importado igual como la ´arquitectura´ carcelaria
de EE.UU., no pueden salir al aire libre más que una hora al día y a un cierto
tipo de jaula. Para los familiares que no viven en Santa Bárbara, se hace
sumamente difícil de trasladarse a la cárcel, tanto por la distancia como el
costo del transporte. La grandísima mayoría de los presos son de familias
pobres.
A esas cárceles son enviados hondureños que han ejercido
su derecho de protestar lo que consideran irregularidades electorales, es
decir, protestas como un derecho constitucional, sagrado en la Magna Carta. Cuando
las protestas comenzaron tres días después de las elecciones el 26 de
noviembre, el régimen instauró un toque de queda durante diez días. Decenas de
hondureños fueron asesinados en sus propios barrios cuando las fuerzas del
orden ingresaron para reprimir, otros fueron detenidos y “torturados” en las postas
policiales, según varios reportes de los organismos de derechos humanos.
La cárcel de máxima seguridad, llamado "El Pozo" en donde los presos políticos son mezclados con "mareros" y pandilleros de alta peligrosidad. FOTO: NOSQUEDACLARO
La cárcel de máxima seguridad, llamado "El Pozo" en donde los presos políticos son mezclados con "mareros" y pandilleros de alta peligrosidad. FOTO: NOSQUEDACLARO
La trampa en el
Hotel Marriot
Durante la movilización el 12 de enero en Tegucigalpa, en
la cual participaron miles de hondureños en una marcha que se movía hacía la
Casa Presidencial, fueron detenidos en los días posteriores varios
manifestantes que dizque fueron identificados por videos o fotografías como
responsables de gran vandalismo. Los ventanales del lujoso Hotel Marriot fueron
destruidos por elementos que la oposición considera como “infiltrados”. Nunca
antes había pasado que alguna manifestación había podido llegar al frente del
Hotel Marriot. Pero ésta vez la valla del Ejército y de la Policía-Militar
estaba protegiendo solamente la Casa Presidencial, una cuadra del Hotel.
Sobre estos antecedentes han sido detenidos dos hondureños;
Raúl Eduardo Álvarez y Edwin Rovelo Espinal, éste último perdió su compañera el
25 de septiembre de 2009. El derrocado presidente Manuel Zelaya había regresado
a Honduras en caminos clandestinos y se internó en la embajada de Brasil,
“invitado por Lula”, que entonces era presidente en Brasil. En las afueras de
la embajada en Tegucigalpa, se concentraba más de cinco mil personas “para
proteger al Presidente Zelaya”.
En la madrugada comenzó el ataque por parte del ejército
y los Cobras, policía militarizada, y debido a los gases de pimienta que
disparaban las fuerzas uniformadas, la compañera de Edwin, Wendy Ávila perdió
la vida. Sufría asma desde hace años.
En las redes sociales ha comenzado una guerra psicológica
en donde opositores conocidos como Edwin Espinal, han sido señalados como
autores del vandalismo y el intento de incendio que se hizo al Hotel Marriot el
12 de enero. Lo acusan no solo por el vandalismo, sino también por terrorismo e
intento de homicidio a 140 personas, entre personal y huéspedes en el lujoso
hotel de la cadena estadounidense hotelera más grande del mundo.
Raúl Eduardo Álvarez y Edwin Rovelo Espinal, vestidos y tratados como fueran presos del campamento de concentración estadounidense en Guantánamo, Cuba, presos políticos hondureños. |
Son 40 muertos y
nada de investigaciones
¿Y los muertos en las protestas, los alrededores de 40
muertos, entre ellos 26 que son señalados de haber caído muertos por las balas
de las fuerzas militares?
Hasta ahora, dice Santos, no hay ninguna investigación.
Todo el esfuerzo y empeño de la Fiscalía está destinado de enjuiciar a los
hondureños que han participado en las manifestaciones políticas contra “el
fraude” y contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Doce de las primeras víctimas registradas después del "fraude electoral". |
Video desde la Colonia Villanueva:
https://youtu.be/O0Y5NcJNkkk?list=PL3A72C7D44679EC8E